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  ISSN (versión en línea): 1900-6004 colombiainternacional@uniandes.edu.co    

   
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Para citar este artículoRevista No 60
Título:Gobernar y asegurar: una lectura critica de la seguridad democratica en Colombia desde la filosofia politica de Michel Foucault
Autor:Giovanni Mantilla[1]
Tema: Percepciones hemisfericas sobre la crisis colombiana
Julio - Diciembre 2004
Páginas: 156 - 173
   
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Gobernar y asegurar: una lectura critica de la seguridad democratica en Colombia desde la filosofia politica de Michel Foucault

Giovanni Mantilla[1]

Nuevas Perspectivas


La urgencia de la seguridad como práctica política pareció desvanecerse del panorama de las preocupaciones de los estados tras el final de la Guerra Fría. Con la implosión de la Unión Soviética y la caída del Muro de Berlín en el cambio de la década de los ochenta a los noventa, el fracaso del comunismo y los vientos de unificación en Europa occidental, la seguridad de los estados ya no parecía ser el tema central de discusión en los círculos políticos y académicos[2]. En la academia, por un lado, se pensó que era tiempo de realizar una reorganización fundamental, en particular en disciplinas que como las Relaciones Internacionales habían construido sus planteamientos y supuestos más básicos sobre una cierta realpolitik, mientras que en los círculos políticos y sociales alrededor del mundo se presumió que luego de tantos signos de pacificación mundial, una nueva era de paz, al estilo de la paz perpetua kantiana, dominaría la política global.

Luego vinieron los atentados del 11 de Septiembre contra las Torres Gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington. Con ellos, el terrorismo global se cristalizó como el nuevo enemigo' a combatir, y gobiernos en todo el mundo retomaron, con fuerza inusitada, las prácticas discursivas e institucionales de seguridad. La seguridad parecía entonces estar de vuelta.

En Colombia se comenzó igualmente por esta época a afirmar sin reticencia que la cuestión de la seguridad era 'la mayor preocupación de los colombianos'[3]. La llegada de Alvaro Uribe Vélez a la presidencia de la república en agosto del 2002, luego de haber realizado una campaña cuyo estandarte central se construyó básicamente sobre su política de seguridad y defensa, llamada 'democrática', sirvió para confirmarlo.

Este artículo surge de un extrañamiento fundamental ante ese aparente retorno de la centralidad de la seguridad como tarea primordial del estado en Colombia. Asumimos como un hecho que la seguridad está intrínsecamente ligada a la fundación de lo político y que ha sido siempre, en mayor o menor medida, una preocupación central de los estados, desde la antigüedad hasta nuestros días. En palabras de Michael Dillon, "el despliegue de la palabra [seguridad] a través de la larga historia de la filosofía política la ata constantemente, de una manera u otra, a la esencia misma de la identidad social y política, así como a la fundación del orden político y la formación de lo político como tal" (Dillon 2001). En la misma vía, Giorgio Agamben reconoce que "la seguridad como el principio rector de la política estatal data desde el nacimiento del estado moderno" (Agamben 2002).

El enfoque teórico de este artículo parte de lapreocupación crítica de los trabajos de Michel Foucault y de algunas de sus elaboraciones filosóficas, que a mi juicio sirven de herramientas para problematizar la forma en que las políticas gubernamentales de seguridad son concebidas y ejecutadas en Colombia. Mi objetivo es interrogar la política de seguridad democrática del actual gobierno en sus prácticas, discursivas y no discursivas, teniendo como marco teórico el conjunto de las reflexiones teóricas desarrolladas por el filósofo e historiador francés Michel Foucault, en particular a partir del concepto de gubernamentalidad.


1. La gubernamentalidad como estrategia de estudio de las racionalidades políticas

Afinalesdelos setenta,Foucault se dedicó a realizar una 'genealogía del estado moderno', acuñando el término 'gubernamentalidad' como 'concepto-guía de su investigación (Lemke 2000; Foucault 1978/2001). La noción de gubernamentalidad surge de una apropiación particular de la palabra gobierno, articulada por Foucault con la noción de 'mentalidad'. La definición básica de 'gobierno' de la cual parte Foucault en su estudio es la de "conducción de una conducta" (Foucault 1982/2001; Dean 1999: 10), en donde conducir significa, en primer lugar, "guiar, dirigir o llevar" (del alemán leiten[4]), ya sea a un grupo de personas, o conducirá a sí mismo. En la misma vía, Foucault entiende el término conducta como el conjunto de comportamientos, acciones y actitudes de un ser humano en un dominio o contexto particular, según un plan normativo o un programa práctico correspondiente a ese campo específico. El término gobierno asume, desde la perspectiva foucaultiana, tres dimensiones diferenciables: una dimensión política (gobierno de "otros", i.e. de un grupo de ciudadanos), una dimensión ética (gobierno o conducción de sí mismo) y una dimensión racional, en el sentido de que su ejercicio está sujeto a un cálculo o racionalidad específica (se trate de una técnica o una mentalidad particular). El juego semántico que comporta el término 'gubernamentalidad' refleja el interés de Foucault en forjar un vínculo fundamental entre prácticas de gobierno y modos de conocimiento o saber, en momentos socio-históricos particulares, estableciendo así una relación indisoluble entre la formación de saber y el ejercicio de poder, de allí que el estudio o analítica de las formas de gobierno apunte tanto al estudio de las "prácticas" o "técnicas" de gobierno como al análisis de la racionalidad que les sirve de sustento.


2. La gubernamentalidad como racionalidad política específica de la modernidad: el gobierno de la población

Foucault definió también la gubernamentalidad en un segundo sentido, históricamente delimitado. En primer lugar, Foucault analizó una antigua modalidad de poder que él consideraba estaba a la base de varias de las racionalidades políticas en Occidente y que llamó poder pastoral. Consistía, en suma, en un ejercicio de poder de herencia cristiana, caracterizado por las figuras del pastor y su rebaño, y "cuyo rol es el de cuidar permanentemente la vida de todos y cada uno, de ayudarlos, de mejorar su suerte" (1981/2001: 963). El pastor se encargaba de velar por su rebaño, cuidando de todas y cada una de las ovejas de manera individual. Su responsabilidad era la de procurarles la salvación.

Con la noción del poder pastoral como base de su estudio, Foucault abordó la razón de estado, una racionalidad de ejercicio de poder político que surgió en las sociedades europeas a partir del siglo XVI, a la cual se aproximó, en sus propias palabras, como un arte de gobierno

(entendido como "una técnica que corresponde a ciertas reglas") que se caracterizaba por la preocupación de "reforzar el estado mismo, su fuerza, su grandeza y bienestar, al protegerse de la competencia de otros estados y de su propia debilidad interna" (Dean 1999:86). En segundo lugar, Foucault estudió también el nacimiento de la policía como un arte de gobernar que mantenía igualmente en su base el tipo pastoral de ejercicio de poder. Aquí la policía no se entiende con el mismo sentido que en la actualidad se le atribuye al término, es decir, como el cuerpo de oficiales que se encarga de mantener la paz y de contener el crimen. De acuerdo a Foucault, en sus orígenes, la policía era una especie de técnica de administración del estado que comprendía la justicia, el ejército y las finanzas (Foucault 1981/2001: 974), que englobaba todo, tanto hombres como cosas y las relaciones entre ellos. En suma, la policía se encargaba de "permitir que los hombres sobrevivieran, vivieran y que les fuera cada vez mejor", cuidando de su moralidad, de su alimentación, de su salud, de sus "aprovisionamientos", de la infraestructura pública, de la seguridad pública, del comercio, etc. (Foucault 1981/2001: 975, énfasis añadido).

El objeto de la atención de la policía, según Foucault, etAd.población y la racionalidad que estaba en juego aquí se encaminaba básicamente a "desarrollar los elementos constitutivos de la vida de los individuos de tal manera

que su desarrollo reforzara el poder del estado" (Foucault 1981/2001: 978). La noción de seguridad aparece aquí de manera explícita: ésta se conseguía a través de la administración correcta de los hombres y de las relaciones sociales, de manera que a través del bienestar de la población, el estado mismo fuera capaz de mantenerse en el tiempo.

Aquí nos topamos justamente con la segunda definición que Foucault da de gubernamentalidad, la cual debe entenderse "como el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esta forma bien específica, aunque compleja, de poder, que tiene por objetivo principal la población, por forma mayor de saber la economía política, por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad" (Foucault 1978/2001: 655).

En síntesis, y para el propósito de este artículo, es importante retener la noción de gubernamentalidad en ambos sentidos. En primer lugar, es importante observar el vínculo entre la noción ya explicada de 'gobierno' y la de racionalidad o 'mentalidad'. En segundo lugar, es importante tener presente la noción de gubernamentalidad como forma de racionalidad política y de ejercicio del poder cuyo objeto son "los sujetos, las fuerzas y capacidades de los individuos" considerados "como miembros de una población, como recursos a ser promovidos, usados y optimizados" (Foucault 1978/2001: 655, énfasis añadido).

Para desarrollar el análisis propongo, en primer lugar, explorar algunos enunciados contenidos en los documentos oficiales de la Política de Defensa y Seguridad Democrática de Uribe, a fin de distinguir la racionalidad que le da soporte. En segundo lugar, analizo los mecanismos no-discursivos a través de los cuales se aplica la seguridad democrática en Colombia, observando específicamente tres de las medidas institucionales promovidas por la política de seguridad del gobierno Uribe. Para concluir, y a manera de balance del análisis realizado, se avanzan algunas consideraciones finales.


3. La política de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez

Publicado el 29 de Junio de 2003, el documento oficial de la Política de Defensa y Seguridad Democrática (PDSD) pretende aclarar tanto los conceptos básicos de la política de seguridad del gobierno Uribe, como los mecanismos específicos para su desarrollo. En ese sentido, el documento oficial de la política de seguridad democrática hace énfasis en varios aspectos más o menos tradicionales en el desarrollo de las políticas institucionales de seguridad: el fortalecimiento de las fuerzas armadas, el control del territorio, la acción coordinada de las instituciones estatales, etc. De manera mucho más novedosa, la PDSD promulga la necesidad de "democratizar" la seguridad, estableciendo para este propósito unlineamiento fundamental: cooperar para la seguridad de todos.

De entrada, el grueso de los objetivos del gobierno se dirigen a acabar con una amenaza que se ubica por encima de las demás, y que no aparecía en los documentos explorados anteriormente: el terrorismo. La carta introductoria al texto completo, escrita por Uribe, afirma a este respecto que "la antípoda de la seguridad democrática es el terrorismo" (República de Colombia 2003b:5).

Como punto de partida clave para el análisis es preciso notar la forma en que el texto de la PDSD instalada por el gobierno Uribe le atribuye un peso importante a la inclusión de la población colombiana en las labores de seguridad como el sustrato básico y distintivo de una política 'democrática de seguridad: "La seguridad no se alcanza sólo con los esfuerzos de la Fuerza Pública. Este va a ser un esfuerzo de todo el estado, de todos los colombianos. Una estructura estatal fuerte, apoyada en la solidaridad ciudadana, garantiza el imperio de la ley y el respeto de los derechos y de libertades (República de Colombia 2003b:7). En ese sentido, el documento aclara que la PDSD es "entonces una política para la protección de la población (énfasis añadido). Entonces, en el caso del discurso gubernamental de la PDSD, el concepto de seguridad democrática toma fuerza a partir de un valor "ciudadano", que llenaría de sentido su adjetivación como "democrática": la solidaridad[5]: "La seguridad no se entiende en primera instancia como la seguridad del estado, ni tampoco como la seguridad del ciudadano sin el concurso del estado, sino como la protección del ciudadano y de la democracia por parte del estado, con la cooperación solidaria y el compromiso de toda la sociedad" (República de Colombia, 2003b: 13). No se trata de una cooperación o una participación en un sentido deliberativo, como la propuesta en otros lugares[6]: es claro que la racionalidad que da sustento a la PDSD se caracteriza por patrocinar la utilización de la población en la ejecución de los mecanismos de seguridad del estado. En esencia, la PDSD apela a una cooperación literal, directa y material de los ciudadanos en la salvaguarda de la seguridad estatal.


4. Vigilar y asegurar: las prácticas no-discursivas de la PDSD

Ahora analizaremos tres de las medidas instaladas por la política de seguridad democrática aparecen como mecanismos concretos para la puesta en marcha de esa vinculación de la ciudadanía en la PDSD. Estas medidas[7] no son interrogadas aquí ya tanto en su dimensión discursiva, como hasta ahora se ha hecho, sino que en esta ocasión se elabora una aproximación al ejercicio específico de poder que promueven.

a. Las redes de cooperantes o informantes

La primera de las medidas a analizar son las denominadas 'redes de cooperantes e informantes' instaladas por la PDSD. El punto 131 del Documento institucional, Política de Defensa y Seguridad Democrática, explica en qué consisten: "Una red de ciudadanos en las zonas urbanas y rurales del país cooperará activa, voluntaria y desinteresadamente con las autoridades, participando en programas ciudadanos de cultura para la seguridad y brindando información que permita la prevención y la persecución del delito. (...) Estos voluntarios multiplicarán rápidamente la capacidad de vigilancia de las autoridades, con quienes estarán en permanente comunicación. Los cooperantes responden al principio de solidaridad y al deber ciudadano de contribuir al objetivo común de la seguridad. Su cooperación, a diferencia de la de los informantes, no será remunerada" (República de Colombia 2003b:61).

Más de un millón de informantes y cooperantes conforman estas redes. Según el gobierno, hacia finales del 2002 existían "26.172 Frentes de Seguridad Local y Rural que tiene la Policía Nacional hay 1.024.701 personas que colaboran directamente con las autoridades, y que de ellas sólo 1.419 reciben alguna remuneración". Asimismo, "el ejército agrupa a 27.052 cooperantes y la armada nacional a 2.534" (Comunicado Mindefensa, 2002:2). Parala administración Uribe, las redes de cooperantes constituyen, desde sus inicios, una parte central de su política de seguridad democrática. "Esta política se ha basado en la colaboración de la ciudadanía y en el compromiso de enfrentar entre todos a los violentos; por eso las redes son fundamentales en la consolidación de la política gubernamental" (Comunicado Mindefensa 2002:2). Según Martha Lucía Ramírez, quién se desempeñó como jefe de la cartera de Defensa en el primer año del gobierno Uribe, las redes de cooperantes "han fortalecido los mecanismos de participación ciudadana, han logrado estrechar los lazos de colaboración con su fuerza pública y recuperar la confianza en el poder estatal para brindarle seguridad al país. En su obligación constitucional, los informantes son los ojos y oídos de la ley que aportan elementos valiosos a las autoridades" (Comunicado Mindefensa 2002:2, énfasis añadido). Finalmente, la identidad de los cooperantes e informantes es de carácter reservado. Según Ramírez, "ni el Presidente de la República, ni yo, ni el Comandante de las Fuerzas Militares, ni nadie puede pedir información de quiénes forman parte de las Redes de Cooperantes o quiénes son los que están participando como colaboradores ocasionales" (Comunicado Mindefensa 2002:1).

Exploremos entonces la figura de los cooperantes e informantes desde la perspectiva analítica que enmarca el análisis, en particular, el "La deteriorada situación de orden público del país parecía justificar el establecimiento de un conjunto de normas que sirviera para proteger la democracia, los derechos humanos y la legitimidad institucional en el marco de un "estatuto antiterrorista." enfoque aplicado en Vigilar y Castigar sobre el panóptico de Bentham. En primer lugar, hay que comenzar por decir que las redes de cooperantes corresponden a una estrategia global de seguridad enfocada hacia la vigilancia y la prevención. En este caso, el estado colombiano promueve una táctica de dispersión de los puntos de visibilidad y ejercicio del poder policivo, multiplicando los focos de vigilancia del orden público, a través de la dirección explícita de miembros de la población civil para su ejecución.

No se trata, pues, de un poder ejercido por una entidad o institución gubernamental. Se trata, mejor, de un poder promovido por el estado, en el nivel de la población misma, de su anonimidad y de su rutina, a partir del cual la población deviene tanto objeto de la seguridad como sujeto de ella: se pretende que sea la misma población quien permanezca atenta ante cualquier indicio o sospecha de peligro que surja en su propio interior. De manera similar al funcionamiento del poder en la estructura panóptica, en este caso "no existe un poder que radicaría totalmente en alguien y que ese alguien ejercería él solo y de forma absoluta sobre los demás; es una máquina en la que todo el mundo está aprisionado, tanto los que ejercen el poder como aquellos sobre los que el poder se ejerce (...) El poder ya no se identifica sustancialmente con un individuo que lo ejercería o lo poseería en virtud de su nacimiento, se convierte en una maquinaria de la que nadie es titular" (Foucault 1977/200Id: 199). De esta manera, el poder gubernamental apunta, en este caso, a incrementar su efectividad: dado que "son los ciudadanos los que conocen los riesgos y las circunstancias de inseguridad presentes en su vida diaria", son ellos los encargados ideales para la provisión de su propia seguridad.

Hay que reconocer que existen algunas diferencias entre el panóptico benthamiano y las redes de cooperantes en Colombia: en primer lugar, no se trata aquí de una estructura arquitectónica delimitada que definiría y contendría, en sus instalaciones físicas mismas, los límites del ejercicio del poder. En segundo lugar, la red de visibilidad a través de los cooperantes no está compuesta por un juego de haces de luz y oscuridad cuya articulación reflexionada en los planos arquitectónicos le otorgaría su poder omnivigilante, sino de cuerpos, visiones y cegueras humanas. No existen muros que le den su materialidad a esta medida del dispositivo, puesto que su ejercicio está en los hombres mismos a quienes se les otorga la facultad de vigilar a los otros.

Pero a pesar de las de las diferencias entre esta medida instalada en virtud de la PDSD y el panóptico de Bentham, su funcionamiento y eficacia es igual: se trata de una vigilancia perpetua y anónima. Las consecuencias de la vigilancia, sin embargo, son radicalmente distintas: la "ventaja" que ofrecía el panóptico, en su constitución arquitectónica, era la de mantener, en su interior, el dominio mismo de la irregularidad y la sospecha, puesto que los implicados en el sistema de vigilancia ya estaban bien definidos por el mismo hecho de encontrarse dentro de sus instalaciones. En el caso de las redes de cooperantes los efectos son notablemente incontrolables, a falta de unos muros de contención de la amenaza y la criminalidad: virtualmente cualquier persona puede ser declarada sospechosa por un vigilante, y virtualmente cualquiera puede ser un vigilante. La vigilancia es perpetua pero no está delimitada espacialmente. La diferencia entre el panóptico y las redes de cooperantes consiste pues, en que mientras la táctica arquitectónica panoptista conducía al disciplinamiento de los (declarados) criminales, la red de cooperantes para seguridad conduce incesantemente a la paranoia entre los (presumidos) sospechosos. En este caso, las consecuencias sobre la suerte y la vida misma de los grupos entre los cuales se han instalado redes de cooperantes son ilimitadas: cualquiera puede ser un cooperante, y todos pueden ser sospechosos.

También es pertinente registrar, por otra parte, un aspecto clave en relación a las redes de cooperantes e informantes, en torno a la nueva economía del poder en los estados modernos, propuesta por Foucault, y que consiste esencialmente en la creciente economizarían del despliegue y del gasto asumido por el estado para ejercer su poder. El desgaste estatal excesivo en aparatos tradicionales de seguridad, afirma Foucault, "conduce a la necesidad de extender por toda la sociedad, y a través de ella misma un sistema de información que, en cierta forma, es virtual, que no será actualizado y que no servirá efectivamente, que no tomará ciertas circunstancias y momentos: es una especie de movilización constante de los conocimientos del estado sobre los individuos" (Foucault 1978/1991:166). En este sentido, el gobierno Uribe ha destacado el trabajo que la fuerza pública dedica a "desarrollar redes de información con carácter permanente (...)", enfocado a estar "comunicándose e informando sobre cualquier hecho que genere preocupación por atentados terroristas" (Comunicado Mindefensa 2002:1). La vigilancia que otrora estaría a cargo de un cuerpo permanente e identiflcable de hombres (policía o vigilancia privada), a los cuales se les otorgaría un sueldo individual, está ahora puesta en manos de un conjunto de vigilantes anónimos, espontáneos y dispersos entre la propia población, cuya responsabilidad única es la de proveer información al estado y cuyo costo es notablemente más reducido y eficiente.

b. Las zonas de rehabilitación y consolidación

Otra de las medidas centrales instaladas por la Política de Seguridad Democrática, que se encuentra relacionada íntimamente con las redes de cooperantes e informantes, es el establecimiento de ciertas zonas de rehabilitación y consolidación en el territorio colombiano. La figura de las zonas de rehabilitación y consolidación fue introducida por el gobierno a través del decreto 2002 del 2002, que funcionó como corolario del decreto 1837 del 2002, por medio del cual se declaró el estado de conmoción en Colombia[8].

Como punto de partida de la medida se establecieron dos "zonas": una en los territorios correspondientes a los departamentos de Sucre/ Bolívar y otra en Arauca. El punto 88 del Programa de Defensa y Seguridad Democrática decretó al respecto lo siguiente: "El Gobierno Nacional recuperará gradualmente la presencia estatalylaautoridad délas instituciones, comenzando por aquellas zonas que se consideren estratégicas. Donde sea necesario, el ciclo de recuperación del control del territorio se iniciará con las operaciones que adelanten las unidades de la Fuerza Pública, una vez los organismos de inteligencia del Estado hayan identificado y localizado las amenazas. Estas operaciones recibirán el apoyo de las tropas de refuerzo que se juzgue conveniente. (República de Colombia 2003b:43)

A su turno, el decreto 2002 de 2002 definió la "Zona de Rehabilitación como el área geográfica afectada por acciones de grupos criminales en donde, con el fin de garantizar la estabilidad institucional, restablecer el orden constitucional, la integridad del territorio nacional y la protección de la población civil, resulte necesaria la aplicación de una o más medidas excepcionales (...)" (Decreto 2002 de 2002 Art. 11).

Como parte del dispositivo de seguridad democrática, las zonas de rehabilitación fueron creadas con el objetivo de contribuir tanto al restablecimiento del orden como a la recuperación del control sobre el territorio en zonas cuya situación de orden público es declarada "grave" Aunque estos argumentos parecen todos ubicarse en un plano más institucional o administrativo, es preciso entender que este tipo de medidas de control sobre el territorio deben ocuparse directamente de la población para reclamar autoridad sobre el territorio. Especialmente teniendo en cuenta que una de las consideraciones más importantes que sirvieron de argumento para la creación de las zonas de rehabilitación fue el hecho "que dentro de los principales soportes de la acción delincuencial de tales organizaciones se encuentra, por una parte, la mimetización de sus integrantes dentro de la población social y el ocultamiento de sus equipos de telecomunicaciones, armas y municiones en las poblaciones y, por la otra, el constante abastecimiento que funciona en los lugares en que permanecen" (Decreto 2002 de 2002). Así, el decreto determina que, en el marco del conflicto armado en Colombia, la población se ha convertido en un soporte de los grupos insurgentes y terroristas. Es por ello que debe ser puesta constantemente bajo la mirada vigilante de los organismos de seguridad y que se debe desplegar en torno a ella una medida de seguridad eficaz que controle las conductas potencialmente infractoras presentes entre los habitantes de las zonas[9]. En ese sentido, el decreto 2002 de 2002 propone varias medidas específicas de control sobre la población, que hacen parte de este mecanismo de vigilancia de la población, a través de disposiciones legales que ejercen una dominación material sobre los individuos, que apuntan, por ejemplo, a la limitación de la circulación y la residencia de la población, al registro de los desplazamientos en la zona, al deber de informar a las autoridades sobre situaciones o actitudes peligrosas, a la obligación de identificación, la reglamentación del tránsito y la permanencia de extranjeros, entre otros.

De acuerdo a mi análisis, en primer lugar, la delimitación de unas zonas de 'rehabilitación' y consolidación responde, de entrada, a una espacialización del dispositivo de poder sobre la población. Si las redes de cooperantes e informantes se caracterizaban, como vimos, por su virtualidad encarnada en la vista y la voluntad de sus integrantes, las zonas de rehabilitación nos devuelven a una espacialidad -igualmente 'virtual'-, delimitada precariamente por las fronteras territoriales de los departamentos en los cuales están instaladas.

A pesar de esta espacialización, no es válido suponer que, en este caso, el despliegue de poder equivalga a un disciplinamiento de la población por vía de 'encierro', como si se tratara de un poder panóptista de tipo 'virtual'. El tipo de poder ejercido en las zonas de rehabilitación y consolidación corresponde más a lo que Gilíes Deleuze denominó un control, m la medida en que el dispositivo ya no se ejerce en un 'interior' sino que se adopta una figura de control "al aire libre" (Deleuze 1995:278). De acuerdo a esto, la lógica del ejercicio del poder sufre, en este caso, varias modificaciones importantes. En primer lugar, a pesar de que se pueda hablar, por analogía espacial, de un 'adentro' y un 'afuera de las zonas de rehabilitación (similar al dispositivo carcelario), en el 'interior' de las zonas no existen subdivisiones espaciales que contribuyan a la demarcación de los lugares en donde los 'sospechosos' estarían separados (en estado de observación) de los 'guardianes' o 'vigilantes', es decir, de aquellos que ejercen el control sobre ellos. La ausencia de 'celdas' (y por ende, la 'liberación' o 'dispersión' de la amenaza en el espacio abierto) resulta, sin más, en la producción de un efecto de ubicuidad de la sospecha en el espacio correspondiente a la zona, con consecuencias específicas sobre la población que la habita. La ubicuidad de la amenaza o de la sospecha contribuye efectivamente a la estigmatización de la población, en particular si se tiene en cuenta que la "amenaza terrorista" se caracteriza por su invisibilidad e imprevisibilidad. Las consecuencias evidentes de lo anterior han sido, por ejemplo, el incremento en las detenciones masivas, el asesinato de sindicalistas e indígenas en los territorios donde se encuentran instaladas las zonas de rehabilitación.

Así, dentro de las zonas de rehabilitación, la totalidad de la población queda cubierta como por un manto de sospecha. El dispositivo es susceptible de colarse por los muros de los hogares, las escuelas y los hospitales, abarcando la totalidad del cuerpo social o de la población que habita en esas zonas, en donde todos están a merced de una denuncia. La vigilancia del orden es omnipresente, esperando a que en cualquier instante se active la sospecha sobre cualquiera de los habitantes de la zona.

Las zonas de rehabilitación y consolidación parecen entonces corresponder a esa 'nueva economía' estatal de 'racionalizar' el ejercicio del poder, en tanto se convierten en espacios con fronteras demarcadas, son declaradas zonas 'especiales', en donde las alarmas se deben activar a la menor sospecha de amenaza o peligro. Asimismo, el mecanismo de poder que está en juego en las zonas de rehabilitación parece ser solidario con el activado por las redes de cooperantes: la demarcación de las zonas no supone incurrir en gasto alguno, y la efectividad con la que funcionan revela su carácter 'economizante' para el poder.

Pero si los efectos atribuidos a las zonas de rehabilitación y consolidación que venimos de mencionar, parecen alertar sobre la peligrosidad de sumir a la población bajo un constante estado de sospecha, y en esa medida, derivan de ellas consecuencias de carácter negativo sobre los individuos, incluso incrementando la comisión de delitos y los excesos de poder[10], también es preciso dedicar tiempo al análisis de los aspectos "positivos" o "útiles" de una medida como ésta. Podemos deducir, en primer lugar, que una de las ventajas' o beneficios que ofrece el tipo de medidas instaladas como parte de las zonas de rehabilitación y consolidación consiste precisamente en permitir que el poder gubernamental, tras el velo de la legalidad de las disposiciones, se involucre cada vez más en lugares antes considerados exclusivamente "privados" de la población, sobre los cuales el estado no tenía potestad constitucional y en los cuales le era imposible adentrarse para escudriñar la vida y conducta de los habitantes de estos territorios. Este tipo de medidas permiten que la mirada vigilante del estado se convierta en un juez más hábil, más capaz, más atento de los comportamientos de los individuos, contribuyendo a la identificación de conductas 'sospechosas' y a una neutralización y conjuración más óptimas, no sólo de las actividades 'terroristas' o 'insurgentes' que se propone perseguir explícitamente, sino también a una administración de los ilegalismos que puedan tener lugar entre la población.

En segundo lugar, otra característica "productiva" reportada tanto por la formación de las zonas de rehabilitación y consolidación, como por la configuración de redes de informantes y cooperantes, consiste en que ese poder vigilante y minucioso que ellas promueven sobre la población termina, sin duda, por producir subjetividades correlativas a ese ejercicio del poder. Es decir, el hecho de que tanto los miembros de las redes y los habitantes de las zonas de rehabilitación convivan indiferenciadamente en el cuerpo social, sin muros que contengan el ejercicio del poder ni vestimentas que sirvan para distinguir explícitamente a aquellos que se ocupan de observar silenciosamente del resto, termina por producir la interiorización la mirada vigilante puesta sobre ellos mismos. El poder ejercido en este caso, en la medida en que no está delimitado visiblemente, conduce a la producción de individuos "asegurados", esto es, vigilantes de sí mismos, en nombre de la seguridad del estado. El ejercicio de poder que consigue diseminar entre la población que habita en las zonas de rehabilitación y en los sitios en donde se instalan redes de informantes terminaría por cumplir su cometido, en la medida en que ese estado 'generalizado' de sospecha contribuye, precisamente, a la configuración de poblaciones aseguradas', a través del miedo sembrado por medidas a la vez económicas y eficaces. Se confirma, en este caso, que las zonas de rehabilitación y consolidación contribuyen a la producción de sujetos útiles para las tareas de seguridad estatal.

c. El estatuto antiterrorista

El estatuto antiterrorista es el tercero de los mecanismos analizados en este aparte, en este caso de orden jurídico, y que la administración Uribe promovió con más urgencia como parte del dispositivo de seguridad democrática[11]. A pesar de que algunos sectores del ambiente político nacional fueron críticos de la modificación de la Constitución para la puesta en marcha de medidas extraordinarias que afectaran directamente las libertades individuales de la ciudadanía, también fue notable el espacio que ganaron los que opinaban que era sólo a través de este tipo de mecanismos, que sacrifican "provisionalmente" las prerrogativas libertarias de la población, que era posible hacer frente a los retos de la llamada amenaza terrorista'[12].

La deteriorada situación de orden público del país parecía justificar el establecimiento de un conjunto de normas que sirviera para proteger la democracia, los derechos humanos y la legitimidad institucional en el marco de un "estatuto antiterrorista". En efecto, el incremento de los atentados contra la infraestructura estatal, los secuestros extorsivos y demás agresiones violentas contra el estado y la población realizados por los grupos en combate, consiguieron legitimar la idea de que el aparato jurídico vigente no ofrecía suficientes herramientas para que el estado actuara rápida y eficientemente. Es así que la introducción de medidas otrora extra-legales, que frente a una situación de urgencia se hacen "aceptables", en particular para hacerle frente al terrorismo, pareció hacerse necesaria para la conservación del estado y para garantizar la pervivencia de las instituciones gubernamentales. La presentación del estatuto antiterrorista como medida urgente y excepcional para aliviar la crisis por la que atravesaba el país respondía, por lo tanto, a una estrategia gubernamental de descrédito de la propia legalidad que, según su argumento, impedía su accionar. En palabras de Foucault, "toda la campaña de la seguridad pública debe estar apoyada - para ser creíble y rentable políticamente - por medidas espectaculares que prueben que el gobierno puede actuar rápido y fuerte por encima de la legalidad. A partir de ahora, la seguridad está por encima de las leyes. El poder ha querido mostrar que el arsenal jurídico es incapaz de proteger a los ciudadanos". (Foucault 1977/2001b:367.)

En efecto, el dispositivo de seguridad democrática en Colombia ha exigido la expedición de medidas extraordinarias para conseguir su cometido. Puesto que el terrorismo mina la existencia misma del estado, así como todas las anteriores prerrogativas de protección estatal de la población, la afrenta estatal a esta amenaza contra su propia existencia debe, obligatoriamente, venir acompañada de la mano de una campaña que otorgue legitimidad a aquello que, bajo un estado de "normalidad" legal, no tendría cabida. La imperiosidad de la seguridad para combatir al terrorismo parece obligar a la excepción y a la supralegalidad. La estrategia estatal de seguridad antiterrorista constituye, en ese sentido, un mecanismo efectivo para la ampliación de los brazos del poder gubernamental sobre la población, con un argumento perfectamente esgrimido y justificado que, ante la gravedad de los hechos, debe poder administrar más vigilantemente los "peligros" presentes en la sociedad, con miras no solamente a conjurar los efectos del terrorismo anti-estatal, sino también a incrementar las tácticas de control sobre la población. El terrorismo se convierte en un argumento suficiente para instituir todo un régimen de aceptabilidad sobre la población: las medidas "excepcionales" de seguridad deben ser vistas como mecanismos imprescindibles para conservar el orden público y social. De esa manera, se le abre la puerta a nuevas formas de vigilancia y control sobre y a través de la población. Según Foucault, "lo que choca completamente del terrorismo, lo que suscita la cólera real y no fingida del gobernante, es que precisamente el terrorismo lo ataca en el plano donde justamente él afirmó la posibilidad de garantizar a la gente que nada le sucedería. Ya no se está en el orden de los accidentes que están cubiertos por esta sociedad "aseguradora"; se está en presencia de una acción política que "inseguriza"[13]no solamente la vida de los individuos, sino la relación de los individuos con todas las instituciones que hasta entonces los protegían. De allí la angustia provocada por el terrorismo.

Angustia en los gobernantes, angustia en la gente que otorgan su adhesión al estado, que aceptan todo, los impuestos, la jerarquía, la obediencia, porque el estado los protege y garantiza contra la inseguridad" (Foucault 977/2001c:385-386).

Entonces, ¿qué implica, real y estratégicamente, considerar que la ley ya no logra proteger a los ciudadanos ni garantizarles su seguridad? ¿Qué tipo de objetivo táctico podríamos distinguir en la instalación de una supralegalidad que remplace una ley que ya no se ajusta?

Sin lugar a dudas, se trata de la ley que protege al individuo, aquella que le ofrece garantías de movilidad, de comunicación y de privacidad, exento de las artimañas del poder del estado y de su mirada vigilante, que ya no parece ser suficiente. La vida privada del individuo, su conducta y sus comportamientos rutinarios, ante semejante panorama, ya no pueden ser 'ignorados' por el poder estatal; se cree que en cualquier momento, cualquier persona, puede convertirse en responsable de un acto terrorista que mine la legitimidad y la institucionalidad estatal. Los ilegalismos que antes eran aceptados por la ley, en particular aquellos que podían tomar lugar en la llamada esfera privada, deben dejar de contar, por lo menos de manera provisional, con la protección de una ley que ya no puede responder a las amenazas potenciales que podrían derivar de un déficit de vigilancia sobre la vida de los individuos.

En ese sentido, no sólo un individuo cualquiera, sino la población en general, es ahora el principal objeto de sospecha, sobre el cual el poder ahora deberá poder actuar más ampliamente, sin límites de ninguna índole o cada vez más reducidos, en plano de lo legal. Después de todo, hay que recordarlo, "la ley es una gestión de los ilegalismos" (Deleuze 1987:55). Enfrentada al terrorismo, la ley debe ahora entrar a administrar mejor los riesgos, necesita contar con más herramientas, que le permitan adentrarse especialmente en aquel lugar que antes solía 'respetar' celosamente y que ahora debe escudriñar con más ahínco.

En suma, es crucial entender que, como lo distingue lúcidamente Foucault, "la fuerza calmada del estado (...) envuelve su violencia; sus leyes, la ilegalidad ; sus reglas, lo arbitrario. Todo un enjambre de abusos, de excesos, de irregularidades forma no la desviación inevitable, sino la vida permanente y esencial del 'estado de derecho'" (Foucault 1977/200le: 139). Así pues, ese estado garante de las libertades individuales, de los espacios de privacidad inviolables, se ve obligado a revelar su verdadero 'rostro' cuando se enfrenta a una amenaza que lo ataca en su raíz misma, que pretende destruir su 'pacto de seguridad' con la población. Entonces, dado que tras la 'privacidad' de cualquier miembro de la población podría, real o potencialmente, esconderse un 'terrorista, resulta entonces necesario que el estado se reforme o que ponga en marcha mecanismos de excepción, so pretexto de una 'urgencia inevitable, a fin de permitir que el poder circule y se accione más activamente sobre la vida de su población, que escudriñe más ansiosamente sus conductas, que registre tanto las personas como los lugares que frecuenta, que esculque sus comunicaciones y que, en suma, logre controlarlo todo.

Conclusiones

El análisis de la totalidad de los discursos y mecanismos abordados a lo largo del documento indicó claramente que en Colombia, en virtud del desplazamiento de la cuestión de la seguridad al centro de las preocupaciones políticas, y

especialmente bajo el régimen de la PDSD del gobierno Uribe, la población se ha convertido en un insumo fundamental para el poder gubernamental, no únicamente en términos de su participación democrática, sino también en la promoción de su uso, eficiente y económico, para mantener y salvaguardar el bienestar estatal: así lo demuestra no solamente nuestro análisis, desde una perspectiva foucaultiana, de quizás las tres medidas centrales de la PDSD, sino que parecen confirmarlo también los preocupantes informes de derechos humanos presentados por distintos organismos internacionales.

De lo anterior es posible concluir que si tradicionalmente los estudios politológicos en Colombiahan aceptado explícita o implícitamente categorías analíticas que subrayan un "precario" involucramiento de la sociedad civil en los problemas del país y en lo referente al conflicto armado, el análisis realizado a lo largo de esta investigación parece contradecir en esa discusión, o tal vez contribuir a su desvirtuamiento: la ubernamentalidad, esto es, el gobierno de (o quizá, a través de) la población, se impone en Colombia como racionalidad y práctica política dominante, al menos en el dominio específico de la seguridad[14]. No obstante, bajo la política de seguridad democrática del gobierno Uribe, este involucramiento adquiere una forma particularmente preocupante, puesto que supone la vinculación directa, material de la población en tareas de un alto grado de peligrosidad, con los riesgos directos sobre la vida, los derechos y las libertades de los colombianos.


Bibliografía

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Otros

Acto legislativo 02 de 2003, "por medio del cual se modifican los artículos 15, 24, 28 y 250 de la Constitución Política de Colombia para enfrentar el terrorismo".

Sentencia C-1024/02. Corte Constitucional. Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra.

Decreto 2002 del 9 de septiembre de 2002, "por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación".

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http://www.mindefensa.gov.co/politica/minmlramirez20021227redes _de_cooperantes.html
http://www.mindefensa.gov.co/politica/20020903mlramirez_lafm.html






[1] Giovanni Mantilla es politólogo y Profesional en Lenguajes y Estudios Socioculturales, Universidad de los Andes. Este artículo contiene apartes extraídos de la tesis de pregrado del autor. «« Volver

[2] Un argumento similar es expuesto por Francisco Leal Buitrago en la introducción a su libro La Seguridad Nacional a la Deriva (2002). Por su parte, el in tern ación alista David Baldwin contextualiza el debate suscitado entre los académicos de las Relaciones Internacionales al final de la guerra fría (Baldwin, 1995:118). «« Volver

[3] A sólo un día de la posesión de Uribe en el poder, el titular del periódico El TIEMPO declaraba la inseguridad como 'la mayor preocupación de la población colombiana en general {EL TIEMPO, agosto 6 del 2002). «« Volver

[4] Foucault parte del estudio de varios textos kantianos, en especial del opúsculo titulado Respuesta a la pregunta: ¿Qué es la Ilustración? como base para el análisis de la relación entre modernidad y formas de gobierno (Foucault 2003). «« Volver

[5] En este caso, no es gratuito que uno de los borradores de la PDSD hubiera llevado por título, justamente, La Seguridad de la Solidaridad.«« Volver

[6] Sugiero revisar el documento Repensar a Colombia (Colectivo, 2001), editado como producto de la sesiones colectivas de reflexión conocidas como Talleres del Milenio, realizadas en el 2001. En mi análisis, este documento es la primera instancia discursiva de una política de seguridad democrática en Colombia, aunque en un sentido radicalmente diferente a la PDSD del gobierno Uribe. Ver también Mantilla (2005). «« Volver

[7] Es preciso reconocer que no se ha intentado abarcar la totalidad de los mecanismos propuestos por la PDSD. El lector podrá derivar sus propias conclusiones a partir de la línea crítica aquí utilizada. «« Volver

[8] Vale la pena tener en cuenta que ambos decretos fueron eventualmente declarados —total o parcialmente-inexequibles a través de la sentencia C-1024/02 se declararon parcialmente exequibles varios artículos del decreto 2002 de 2002. En el caso de la conmoción interior, la Corte Constitucional impidió que el gobierno la renovara por segunda vez consecutiva. Algunas de las medidas establecidas contenidas en ambos decretos se quedaron sin piso constitucional, pero el gobierno Uribe, en el marco de su política institucional, decidió mantener los programas de recuperación de estas zonas (Presidencia de la República, 2003b :43). «« Volver

[9] No es clara la relación entre el dispositivo de seguridad democrática y sus medidas específicas con los grupos paramilitares. Es posible que la instalación de 'redes de informantes' y de 'zonas de rehabilitación hagan parte de una estrategia de legalización estatal de estos grupos 'al margen de la ley y, por tanto, responda, desde una perspectiva foucaultiana, a una "administración de los ilegalismos" a través de la legalización de prácticas que a pesar de ser consideradas 'delincuenciales', son ampliamente toleradas por el poder estatal. «« Volver

[10] Para los interesados en obtener balances periódicos (tanto cuantitativos como cualitativos) de los resultados de las medidas puestas en marcha por la política de seguridad democrática, así como una crítica de éstas, seguramente resultará de interés consultar los informes periódicos publicados por el Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política del CINEP Para tal efecto, recomendamos dirigirse a: http://www.nocheyniebla.org/ «« Volver

[11] Poco después de que Uribe asumiera la presidencia el 7 de agosto de 2002, el gobierno aprobó cuatro decretos para hacer frente a la situación de inseguridad en el país, que apuntaban por un lado a la financiación de la política de seguridad (impuesto para la seguridad democrática) y por el otro, la regulación y establecimiento de medidas para el "mejoramiento del orden público". En primer lugar, el Decreto 1837 del 11 de agosto del 2002, "por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior". También se encuentran los decretos 1838 del 11 de agosto del 2002, "por medio del cual se crea un impuesto especial destinado a atender los gastos del Presupuesto General de la Nación necesarios para preservar la seguridad democrática" y 1885 del 20 de agosto del 2002, "por medio del cual se adiciona el Decreto 1838 del 2002". Finalmente, el Decreto 2002 del 9 de septiembre del 2002, "por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación", al que ya nos hemos referido. «« Volver

[12] A pesar de la oposición ejercida en el Congreso, el Acto Legislativo 02 del 2003 fue aprobado a finales del 2003, al igual que el Proyecto de Ley Estatutaria 176 de 2004 de Senado, 211 de 2004 de Cámara, que lo reglamentaba. La Corte Constitucional, no obstante, terminó por tumbar el estatuto por razones de vicios de trámite a finales de agosto del 2004. «« Volver

[13] En el texto original en francés, Foucault utiliza el término "insécuriser", que traducimos aquí, a falta de una mejor palabra, por "insegurizar". «« Volver

[14] Es importante mencionar que la población en Colombia parece no únicamente haberse convertido en una herramienta importante para el poder estatal; cada vez un mayor número de estudios señalan el hecho de que también para las guerrillas y los actores armados para-estatales, la población es vista como un insumo central en el despliegue de sus estrategias de poder. «« Volver

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