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Para citar este artículoTítulo:La dimensión política del postconflicto: discusiones conceptuales y avances empíricos [*]
Tema: Desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes: políticas y actores del postconflicto
Enero-Abril 2013
Páginas: 141-176
http://dx.doi.org/10.7440/colombiaint77.2013.06
   
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InicioRevista No 77
La dimensión política del postconflicto: discusiones conceptuales y avances empíricos [
*]

Juan Esteban Ugarriza [**]

Análisis


RESUMEN

Este artículo describe los retos políticos de las sociedades en etapa de postconflicto desde una perspectiva tanto normativa como empírica. Luego de una discusión teórica sobre los desafíos en los niveles sistémico, grupal e individual, en cuanto a reforma institucional, reintegración, reconciliación y participación, se adentra en la definición y operación del concepto de reintegración política. Posteriormente, presenta un análisis descriptivo de los primeros resultados de un ejercicio de deliberación política entre excombatientes de grupos de guerrillas y paramilitares en Colombia. Los resultados de estos ejercicios no sólo brindan conocimiento sobre el comportamiento político de quienes en el pasado han acudido a la violencia. También permiten evaluar las posibilidades en el mundo real de promover la creación de mesas de deliberación política como estrategia de profundización de la democracia en el postconflicto.

PALABRAS CLAVE

Conflicto, postconflicto, construcción de paz, desmovilización, reintegración, reconciliación, excombatientes, democracia, deliberación, Colombia

The Political Dimension of Post-Conflict: Conceptual Debates and Empirical Advances

ABSTRACT

This article describes the political challenges faced by post-conflict societies, using both normative and empirical perspectives. After a conceptual discussion on the system-, group-, and individual-level challenges, referred to institutional reform, reintegration of excombatants, reconciliation, and participation, it focuses on developing an operative definition of political reintegration. Afterwards, it presents a descriptive analysis of the first results of a political deliberation excercise among ex-combatants from guerrilla and paramilitary groups. Not only do results offer insights on the politiclal behavior of those who had resorted in the past to the use of violence, but they also present an assessment of how feasible would be promoting deliberative politics as a strategy for democracy-deepening in post-conflict settings.

KEYWORDS

Conflict, post-conflict, peacebuilding, demobilization, reintegration, reconciliation, ex-combatants, democracy, deliberation, Colombia

Introducción

Las sociedades que consiguen superar parcial o totalmente sus conflictos armados, ya sea mediante resolución militar o negociada, enfrentan el desafío de evitar la reemergencia de la violencia en los años siguientes. La complejidad y la extensión de los retos del postconflicto han contribuido a una especificación y delimitación precarias, dificultando así la acción de política pública y la investigación científica. Por ello, antes de discutir avances empíricos concretos, como se hace en la segunda mitad de este texto, resulta indispensable hacer una delimitación conceptual que les dé contexto y sentido. La necesidad de una especificación conceptual inicial le da a este artículo una estructura de embudo, en la que primero se definen contornos de elementos tradicionalmente amplios, como el concepto de "postconflicto" y su dimensión política. Aquí se especifican los retos del diseño institucional, la reintegración política de excombatientes, reconciliación política y profundización de la democracia. Una vez preparado el terreno normativo, el texto se cierra sobre los resultados de una primera aproximación empírica al nivel del individuo sobre reintegración política en Colombia. Estos resultados señalan la viabilidad de promover y medir también la reconciliación política y la profundización de la democracia en el postconflicto mediante una aproximación deliberativa.

1. Postconflicto. Una discusión conceptual

Desde el final de la Guerra Fría se ha producido un incremento importante en el número de conflictos armados que llegaron a su fin, al punto de que una tercera parte de los conflictos calificados como guerras civiles terminados desde 1940 acabaron en la década de los noventa (Toft 2010). Después de 1989, la proporción de conflictos armados que finalizaron en una mesa de negociación se duplicó -de 9% entre 1946 y 1989, a 18% entre 1990 y 2005-, mientras que la de victorias militares de alguna de las partes se redujo de forma drástica -de 54 a 14% en el mismo período- (Kreutz 2010).

Sin embargo, todavía no sabemos con precisión cómo acaban hoy la mayoría de conflictos armados. En muchos casos, el nivel de confrontación armada entre las partes se reduce por debajo de los umbrales que sirven a los investigadores para identificar la existencia de un conflicto activo, por motivos que son objeto de especulación, tales como la decisión de un actor de retirarse por razones tácticas o estratégicas, por cambio de liderazgo, por la elección de perseguir sus fines por vías no militares, por el deseo de ambientar una futura negociación, o por la pérdida de aliados estratégicos (Kreutz 2010, 246).

Una vez superado el conflicto, sea vía negociación, victoria militar u otra forma, las sociedades entran en un período de postconflicto. Un término usado para referirse globalmente a todos los retos del postconflicto es construcción de paz. Éste se define como el fortalecimiento y la solidificación de la paz para evitar una recaída en el conflicto, aunque de manera reciente, sin embargo, ha sido aplicado también a las acciones anteriores al final del conflicto que buscan atender sus causas (Galtung 1975; Boutros-Ghali 1992; Chetail 2009; Rettberg 2003 y 2012). El uso expansivo del término para abarcar ambos períodos, sin embargo, puede llevar a algunas dificultades conceptuales (Call y Cousens 2008). De manera concreta, cuando un concepto se expande para abarcar un mayor número de fenómenos corre el riesgo de volverse incapaz de describirlos con suficiente precisión, o de aplicar forzadamente atributos iguales a casos dispares (Sartori 1970; Steiner 2008).

Aquí se propone entender el postconflicto como un concepto superior en la escalera de abstracción. Esto significa que es posible hablar de postconflicto sin que haya construcción de paz, y resulta coherente con la definición de construcción de paz como medidas para evitar la recaída en el conflicto. Al estar más arriba en la escalera de abstracción, el término postconflicto sólo puede tener un número reducido de atributos que serán aplicables a un número amplio de casos. De hecho, puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción del número de homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado. De forma inversa, al estar más abajo en la escalera de abstracción, el término construcción de paz puede tener un mayor número de atributos, más allá de meramente el cese del fuego, tales como el DDR (procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes), la reconciliación, la atención a población vulnerable, la construcción de memoria y verdad, la justicia transicional y la reparación, la prevención de la violencia y el crimen, la reforma de las Fuerzas Armadas y de Policía, la reconstrucción y el desarrollo económico, la estabilización política y la participación del sector privado, la sociedad civil y la comunidad internacional en todos ellos (Paris y Sisk 2009; Bastian y Luckham 2003; Wallensteen 2010; Ramsbotham, Woodhousey Miall 2011; Del Castillo 2008; Junne y Verkoren 2004).

Aceptar esta solución, sin embargo, implica eliminar la posibilidad de hablar de construcción de paz antes del postconflicto. Es decir, no puede haber construcción de paz en medio del cruce del fuego entre actores. Pero sí podría hablarse de construcción de paz en zonas y espacios que no estén en medio de las hostilidades. Esto significa hablar de zonas o espacios con características de postconflicto, o en postconflicto. En el caso colombiano, las acciones de construcción de paz -por ejemplo, reintegración, reconciliación, atención a víctimas, etc.- sólo serían posibles en este tipo de espacios.

2. Democracia en el postconflicto

Una vez las sociedades alcanzan la etapa de postconflicto, o logran crear tales espacios, enfrentan la opción de iniciar, o no, acciones de construcción de paz, dentro de las cuales se incluyen aquellas dirigidas a lograr una mayor estabilidad política. Dicha estabilidad se entiende como la aceptación tácita o explícita de los ciudadanos de los mecanismos legales existentes como única vía para dirimir controversias sobre decisiones públicas (Becker 1990).

Al hablar de la dimensión política del postconflicto nos referimos a los retos relacionados con el diseño institucional, la reintegración política de excombatientes, la reconciliación política y la profundización de la democracia, en un contexto de continuidad, revolución o transición posterior al final de un conflicto. La mayor parte de la literatura sobre terminación de conflictos no se ocupa de describir las medidas políticas de continuidad adoptadas por el actor estatal una vez logra una victoria militar sin mediación de acuerdos con los rebeldes, al asumir que no se producen cambios significativos en el orden político.[1] Por el contrario, existe un importante cuerpo de literatura dedicado a explicar los cambios políticos en el caso de la victoria militar rebelde y los factores que explican su éxito o fracaso (Goldstone 2009). Por su parte, el concepto de transición de la guerra a la democracia se define como un proceso de cambio político que combina los objetivos de democratización y construcción de paz (Jarstad y Sisk 2008). Este concepto se deriva a su vez del concepto clásico de transición política, definido como el cambio de regímenes no democráticos a sistemas autoritarios, democráticos o revolucionarios. Este último concepto fue desarrollado para describir los procesos de cambio político en América Latina y Europa en la segunda mitad del siglo XX (O'Donnell, Schmitter y Whitehead 1986). En este artículo, el concepto de transición política hacia el postconflicto se entiende de una manera más amplia, desde un sistema político dado a uno diferente una vez se supera el conflicto; idealmente, el sistema resultante debería incorporar como objetivos la democratización y la construcción de paz.

La significativa disminución en la probabilidad de victorias militares en los conflictos armados de la pos Guerra Fría, y el incremento en el número y proporción de procesos de paz desde los años noventa, sustentan el interés por la transición hacia sistemas políticos nuevos o reformados al final de conflictos armados. En ese contexto, resulta importante analizar qué y cómo negocian los actores de un conflicto. Entre 1989 y 2012, las agendas políticas de los procesos de paz en el mundo incluyeron la discusión sobre elecciones, creación de gobiernos interinos, integración de rebeldes a las Fuerzas Armadas, conversión de grupos armados en organizaciones políticas, acuerdos de poder compartido nacionales o locales, autonomías, derechos culturales, desarrollo regional, referendos sobre temas sensibles (e.g., estatus de un territorio), federalismo, independencia y redacción de una nueva constitución. Las agendas técnicas, por otro lado, incluyeron ceses del fuego, procesos de desarme, desmovilización y reintegración de excombatientes (DDR), retiro de tropas, amnistías, liberación de prisioneros, atención a refugiados, instalación de fuerzas de paz y comisiones de verificación (Harbom, Hõgbladh y Wallensteen 2006; Ugarriza, Cotrina y Sequera 2013).

Los temas políticos y técnicos sujetos a acuerdos entre partes en conflicto no agotan sino que amplían el listado de aspectos relevantes para la construcción de paz en el postconflicto. Son ésos, sin embargo, los temas que inciden directamente en las formas de transición política. A continuación, este artículo define los retos de la dimensión política del postconflicto en los niveles sistémico, grupal e individual, y presenta los resultados empíricos de la aplicación de las aproximaciones grupal e individual en el caso colombiano.

3. Diseño institucional

Gran parte de la literatura dedicada a describir las transiciones políticas hacia el postconflicto centra su análisis en el nivel sistémico, en el que la pregunta central es por el diseño institucional adecuado para lograr estabilidad política, una vez superado el conflicto. Típicamente, esto implica la aproximación a temas como la redacción constitucional, la ingeniería de sistemas electorales, la implementación de mecanismos de representación y participación, la cesión de autonomías y la composición de los poderes del Estado (Jarstad 2008; Wallensteen 2010; Noel 2005; Ramsbotham, Woodhouse y Miall 2011; Suhrke y Berdal 2011; Sisk 1996; Oberschall 2007; Harris, Reilly y Anstey 2002; Guelke 2012).

Actualmente, una creciente literatura normativa se ha dedicado a reflexionar sobre la posibilidad de generar mayor estabilidad política en sociedades divididas mediante la promoción de prácticas de democracia deliberativa en las instituciones y la cultura política, una vez alcanzada la etapa de postconflicto. Un grupo de autores se concentra en describir las prácticas deliberativas como una herramienta de transformación cultural de sociedades violentas y enfatiza en la forma en que las diferencias conflictivas pueden ser acomodadas mediante la inclusión y el reconocimiento político mutuo del otro (Erman 2009; Azmanova 2010; Schwarzmantel 2010). Por otro lado, otro grupo le da mayor preeminencia a la idea de democracia deliberativa como solución de diseño institucional, ya sea para mejorar los modelos consociacionales (O'Flynn 2010; Drake y McCulloch 2011) o para sustituirlos (Dryzek 2005). Sin embargo, la dicotomía entre estas dos aproximaciones puede ser artificial. Trabajos recientes sugieren la forma en que la promoción de la democracia deliberativa puede producir beneficios tanto culturales como institucionales en sociedades de postconflicto (Barnett 2006; O'Flynn 2007; Fishkin 2011; Steiner 2012), si bien estas promesas han de ser puestas a prueba empíricamente.

El resultado del diseño institucional y direccionamiento de la cultura política instaurados para la etapa de postconflicto determina las formas y opciones de reintegración política de excombatientes, reconciliación política y participación ciudadana en la construcción de un sistema democrático estable y legítimo. Éstos son los retos que se describen a continuación.

4. Reintegración política

Uno de los factores que desde el análisis normativo puede contribuir al fracaso de los procesos de reintegración de excombatientes a la vida civil es que el énfasis en la necesidad de reintegrarlos en un mercado y a un cuerpo social ha soslayado la importancia de hacerlo en un sistema político.[2] La gran mayoría de procesos de reintegración en el mundo desde los años noventa se ha concentrado en los aspectos sociales y económicos (Caramés y Sanz 2009), y, por tanto, los recursos de los programas estatales, usualmente apoyados por la cooperación internacional, se destinan a titulación de tierras, proyectos productivos, educación básica, y para el trabajo, el empleo, soluciones jurídicas, dinero en efectivo, bonos, kits de ropa y alimentos y subsidios (Gleichmann et al. 2004; Knight y Ozerdem 2004; Ozerdem y Podder 2008; Lamb 2008; UN 2006; Nilsson 2005).[3]

De ahí que recientemente la literatura ha llamado la atención sobre la importancia de volver sobre la "dimensión olvidada" de la reintegración (Sõderstrõm, en prensa; Humphreys y Weinstein 2009; Ozerdem 2010). La mayoría de autores en este campo se han centrado en el análisis de la forma en que grupos rebeldes hacen una conversión colectiva en movimientos políticos durante el postconflicto (Allison 2005; Zeeuw 2007; Manning 2007; Sõderberg-Kovacs 2007 y 2008; Ozerdem 2003; Kruijt 2009; Berdal y Ucko 2009). Éste ha sido el enfoque tradicional del análisis de la dimensión política del postconflicto en Colombia (Uribe 1994; Peñaranda y Guerrero 1999; Villamizar 1997; Guáqueta 2007; Patiño, Grabe y García-Durán 2009). Pero algunos conciben la reintegración política como un proceso que puede desarrollarse individualmente, en la medida en que los excombatientes ejercen sus derechos y deberes políticos como ciudadanos en una democracia (Denissen 2010). La posibilidad de analizar en el nivel micro la manera en que los individuos se integran a un sistema político abre nuevas perspectivas de investigación y aprendizaje, que complementan las visiones grupal y sistémica. Los trabajos pioneros sobre el comportamiento político de los excombatientes en su proceso de empoderamiento como ciudadanos se concentran hoy en casos africanos (Sõderstrõm 2011a y 2011b; Blattman 2009; Gomes Porto, Parsons y Alden 2007; Mitton 2008), aunque existe un importante aprendizaje aún por sistematizar de esfuerzos similares en el caso colombiano (Corporación Escuela Galán 2000; Ministerio del Interior 2000; López de la Roche 1997). Estos esfuerzos han empezado a visibilizar la tensión existente entre concientizar a los excombatientes del poder político que tienen como ciudadanos, y los riesgos de que éstos sean removilizados como "mercenarios de la democracia", es decir, que sean cooptados por grupos políticos mediante incentivos económicos para apoyar sus intereses, sobre todo electorales (Christensen y Utas 2008). La comprensión de los retos institucionales y de reintegración de excombatientes, aunque inacabada, resulta comparativamente mayor que la que existe sobre reconciliación. A continuación se presenta un esfuerzo por avanzar en su definición desde lo político.

5. Reconciliación politica

Si el conocimiento sobre cómo hacer una reintegración exitosa es deficiente, respecto al reto de la reconciliación en el postconflicto está apenas por construir, y sólo recientemente ha habido un esfuerzo por generar conocimiento sistemático al respecto (Philpott 2012; Patterson 2012; Martz 2010; Long y Brecke 2003; Gildert y Rothermel 2011; Charbonneau y Parent 2011). Uno de los principales problemas para entender el fenómeno es que el término reconciliación ha sido usado en el pasado de manera vaga e inconsistente (Hayner 2002; Lederach 1998; Bloomfield, Barnes y Huyse 2003; Bloomfield 2006; Galtung 2001; Van der Merwe 1999). Esta confusión ha dado pie a que, según el contexto, pueda referirse a procesos mentales, de acción o de lenguaje; a interacciones entre individuos, grupos o sociedades; a relaciones subordinadas u horizontales; a motivaciones interesadas o altruistas; a términos similares como reparación y perdón, etcétera.

Un esfuerzo reciente por entender de forma sistemática la reconciliación como concepto sugiere definirla como "un proceso societal que involucra el reconocimiento mutuo del sufrimiento pasado, y el cambio de actitudes y comportamientos destructivos por relaciones constructivas para una paz sostenible" (Brounéus 2003, 20). Esta definición describe luego sus tres componentes básicos como emociones, actitudes y comportamiento, y aclara que se aplica principalmente a procesos de reconciliación nacional que se materializan en forma de actos públicos de perdón, iniciativas oficiales y comisiones de la verdad (Brounéus 2008).

Esta definición minimiza la idea de reconciliación entre individuos y grupos. Por ello, para abarcar también los niveles grupal e individual en un contexto de postconflicto, sería útil definir reconciliación política como una dimensión de la reconciliación en la que individuos y/o grupos de una sociedad hacen un reconocimiento mutuo del sufrimiento pasado y cambian sus actitudes y comportamientos destructivos por relaciones constructivas para la estabilidad política. Gran parte de la literatura dedicada a recopilar experiencias de reconciliación se refiere a procesos de alcance nacional que, sin embargo, involucran en muchas ocasiones a sectores sociales o grupos de individuos específicos.

Lo anterior señala la existencia de un amplio campo de trabajo para que los investigadores sociales depuren y sistematicen el conocimiento acumulado sobre cómo lograr una reconciliación exitosa entre individuos, grupos y sociedades. Pero los retos políticos del postconflicto no se limitan a la atención específica a victimarios y su relación con las víctimas, sino que implican reconstituir la relación política de estos grupos con el resto de la sociedad. Tal es el reto que a continuación se describe.

6. Participación ciudadana

Tradicionalmente, la discusión sobre la salud de la democracia contemporánea ha girado en torno a los problemas de estabilidad y legitimidad, los cuales son agravados en contextos de guerra y conflicto (Habermas 1996; Becker 1990; Bobbio 1987). Y precisamente, desde el punto de vista normativo, la profundización y el mejoramiento de la calidad de la democracia tendrían que redundar en la construcción de una sociedad más estable, legítima y pacífica (PNUD 2004; Sisk 2008). En el nivel sistémico, una democracia profunda o de calidad se refiere a un sistema político eficiente y capaz de proveer servicios básicos a los ciudadanos (PNUD e IDEA 2009). En el nivel grupal significa la existencia de una ciudadanía organizada, comprometida, responsable y empoderada, capaz de cuidar y promover sus derechos sociales y políticos mediante mecanismos de participación democrática (Departamento Nacional de Planeación 2010).

En el nivel individual, la idea de profundización de la democracia en el postconflicto implica la apropiación personal de una visión ideal de ciudadanía y su puesta en práctica con independencia de la pertenencia, o no, a colectivos organizados. El estudio del comportamiento político individual tiene una larga historia, especialmente con el uso de encuestas aplicadas a muestras representativas de población desde los años cuarenta del siglo XX, y el análisis de patrones de voto (Dalton y Klingemann 2009). Trabajos recientes han hecho un esfuerzo por describir la manera en que los individuos hacen uso de mecanismos de participación diferentes al voto, pero desde los años noventa el giro deliberativo en la literatura sobre la democracia sugiere que la manera en que los ciudadanos discuten sobre temas públicos, es decir, de forma más o menos deliberativa, define la calidad de la democracia (Macedo 1999; Bohman y Rehg 1997; Elster 1998; Rosenberg 2007).

Una evaluación completa de la dimensión política del postconflicto implica el desarrollo de herramientas de medición y análisis de sus componentes en los niveles sistémico, grupal e individual. En la literatura arriba mencionada se describen diversos criterios de análisis y herramientas de medición a análisis sistémicos y grupales, pero existe un claro vacío sobre cómo abordar el nivel individual de manera empírica. En el caso de las sociedades en postconflicto, esto significa operar el análisis de tres retos esenciales: reintegración política, reconciliación política y participación ciudadana.

Pero, ¿cómo medir estos tres componentes? En el caso de la reintegración política, Sõderstrom (en prensa) propone basarse en la literatura sobre ciudadanía democrática, y desde ahí, medir de manera específica los tipos de participación política de los excombatientes y su grado de afinidad con valores democráticos. Sobre reconciliación política, Brounéus (2003) sugiere medir actitudes, emociones y comportamientos. Por otro lado, la medición de la calidad de la participación ciudadana cuenta con un desarrollo normativo y empírico más amplio, en que diversas propuestas han enfatizado en valores, comportamientos, o en ambos (Coppedge et al. 2011).

De manera transversal, la medición de los niveles de reintegración política, reconciliación política y ciudadanía requiere atención a un componente sustancial de valores y actitudes, y a un componente procedimental de comportamiento. Los avances presentados hasta ahora sugieren que éste es uno de los desafíos más relevantes para la investigación política del postconflicto, y una de sus fronteras empíricas.

A continuación, presentamos los resultados de un primer esfuerzo empírico por entender y promover la reintegración política de excombatientes en Colombia. Con ellos se sugieren obstáculos y posibilidades para la evaluación de la reintegración política en los niveles individual y grupal, así como para asumir el doble reto de la profundización de la democracia y la construcción de paz, propios de las transiciones políticas al postconflicto.

7. Reintegración política en colombia. Una aproximación empírica[4]

¿Qué tan lejos o cerca del ideal deliberativo, y por tanto, de uno de los ideales de participación democrática, se encuentran los excombatientes colombianos en proceso de reintegración? Los resultados que aquí se presentan permiten explorar una respuesta a esta pregunta mediante un análisis descriptivo, por lo que no se abordará la refutación o comprobación de hipótesis explicativas. Para empezar a responder esa pregunta, todos los excombatientes inscritos en Bogotá en el programa de reintegración de la ahora Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) fueron invitados a llenar cuestionarios y participar en mesas de deliberación política.[5]

Al principio de cada visita a los grupos de excombatientes en proceso de reintegración con la ACR, los investigadores les presentaron no sólo el diseño general de los ejercicios de discusión política, sino un Protocolo de Seguridad y Confidencialidad, que entre otros aspectos garantizaba la confidencialidad de los potenciales participantes. En la invitación a participar se trazaron límites para el comportamiento en las mesas, en particular, que cualquier acto o intento de agresión derivaría en la terminación del ejercicio. Al final de la charla inicial, los investigadores solicitaron a los excombatientes llenar un primer cuestionario, sin compromiso de posterior participación en las mesas de discusión. El calendario de visitas a los centros de servicio de ACR permitió extender la invitación de manera personal a aproximadamente 2.500 excombatientes, un 84% de la población de ese momento en Bogotá, y de manera indirecta, por medio de sus tutores, al 16% restante. Aunque un total de 644 personas participaron en el proyecto mediante encuesta, sólo 385 aceptaron sentarse en mesas de deliberación. Cada una de las sesiones, compuestas de grupos mixtos de trece exguerrilleros y exparamilitares en promedio, se desarrolló en lugares cercanos a los centros de servicio de ACR. Luego del saludo inicial, se les pidió a los participantes llenar un segundo cuestionario, y se les recordaron las reglas básicas: tendrían 45 minutos para la discusión política, y la violencia física o verbal no sería tolerada.[6] A todos los participantes de las veintiocho mesas de deliberación se les preguntó: "Cuáles son sus recomendaciones para que Colombia pueda tener un futuro de paz, donde la gente de la izquierda y derecha, las guerrillas y los paramilitares, puedan vivir pacíficamente? Sus propuestas serán incluidas en un documento público que será enviado a la Alta Consejería para la Paz". A la mitad de los grupos se les permitió discutir libremente, a manera de control. A la otra mitad se les pidió llegar a una decisión colectiva sobre cuáles propuestas serían incluidas en el documento a nombre del grupo: en catorce mesas, se les pidió llegar a esta decisión por consenso, y en las catorce restantes por voto de la mayoría. Estas dos instrucciones se analizan aquí como tratamiento. Luego de esta primera parte, los participantes desarrollaron sus discusiones de manera ininterrumpida hasta agotar el tiempo, sin interferencia de los investigadores. Ningún miembro de ACR u otra organización estuvo presente.

El procedimiento de muestreo no corresponde estrictamente a un diseño ideal cuasi experimental, pero en sí mismo refleja las posibilidades de este tipo de trabajo empírico en el mundo real, con particularidad en contextos de conflicto. De ahí que sea necesario hacer algunas consideraciones respecto al nivel de validez del análisis. En primer lugar, invitar a un número de excombatientes a deliberar sobre temas políticos en grupos alrededor de una mesa, en presencia de investigadores, claramente genera un ambiente artificial. Sin embargo, en realidad no se trata de un ambiente extraño al de su experiencia cotidiana. Pese a que las sesiones regulares de reintegración ofrecidas por el programa de ACR no fomentan la discusión política, en este caso las mesas de deliberación se articularon como un ejercicio más dentro del programa, en el que la discusión grupal es por definición cotidiana. Teniendo esto en cuenta, los resultados de análisis pueden ser extrapolados para entender el comportamiento de los excombatientes en este tipo de mesas de discusión, si se promueven en el futuro.

Pero la principal consideración se refiere al problema de la no aleatoriedad de la muestra. La aleatoriedad permite descartar en gran medida problemas de sesgos severos en la estimación de parámetros y medidas de error, además de restringir la autoselección. En este caso, de manera suplementaria, se aplicó un contraste sistemático mediante encuestas de los participantes que decidieron no participar en las mesas, con aquellos que sí lo hicieron, y así fue posible identificar y corregir posibles sesgos observables. La comparación de dieciocho indicadores demográficos y psicológicos señala que no existen diferencias estadísticamente significativas, a excepción del nivel de acuerdo con las ideas políticas del antiguo grupo armado: es decir, que la submuestra de participantes en las mesas de deliberación tendía en promedio a estar más en desacuerdo con su antiguo grupo. Tal diferencia es tenida en cuenta en el análisis de los datos.[7] Además, como estrategia de reducción del problema de autoselección de la muestra, se acordó con la ACR el ofrecimiento de incentivos que apelaran tanto a quienes deseaban participar en una discusión política con sus compañeros como a quienes tuvieran sólo un interés utilitario.[8]Incluso si los parámetros calculados están sesgados -lo cual no puede establecerse de manera cierta-, las relaciones estadísticamente significativas entre variables pueden considerarse confiables, bajo la premisa de que los términos de error no se han subestimado de manera severa. Pese a ello, en términos estadísticos, es muy difícil argumentar representatividad en ausencia de una muestra aleatoria. Sin embargo, es posible argumentar que nuestra muestra no difiere de una manera importante de la población objetivo. Es decir, que nuestra muestra era aceptablemente comparable con la población de excombatientes en Bogotá, la cual a su vez se asemejaba a la población total en Colombia, a excepción de la proporción de exguerrilleros y exparamilitares.[9] Aunque nuestra muestra teóricamente difiera en algunos aspectos de la población en Bogotá, o en Colombia, estas diferencias no se hicieron explícitas en nuestro análisis. La tabla 1 presenta algunas características demográficas de la muestra.

Tabla 1 (Ver PDF, pág 157)

A continuación, presentamos los resultados del análisis sustancial y procedimental de reintegración política. Los datos presentados están referidos a la submuestra de 385 participantes que aceptaron sentarse a discutir en las mesas de deliberación, y de los que, por tanto, contamos con mediciones correspondientes a ambos componentes.

8. Reintegración política: componente sustancial

El análisis sustancial nos permite tener una idea de qué tanto reflejan los excombatientes un apego a los valores democráticos liberales. Los dos indicadores usados aquí son los niveles de pluralismo y de tolerancia. En el primer caso, se les preguntó a los participantes: "¿Con cuál opinión está usted más de acuerdo?", dándoles como opciones de respuesta: "es bueno que la gente se diferencie por sus ideas políticas", "es bueno que la gente no tenga diferencias políticas" y "no puedo elegir". En el caso de los niveles de tolerancia, se usaron seis ítems para construir una escala de 6 a 30, donde el mayor valor refleja un mayor nivel de tolerancia. Los ítems preguntan qué tan de acuerdo o en desacuerdo están los participantes con que personas de diferentes tendencias políticas tengan derecho a votar, a buscar empleo, a crear organizaciones políticas, a enseñar en escuelas, a promover sus ideas públicamente y a aspirar a cargos públicos. Los resultados de estos dos indicadores se muestran en la tabla 2 y en el gráfico 1.

Tabla 2. (Ver PDF, pág 158)

Es interesante observar que sólo el 15% de los participantes valora la diferencia por encima de la uniformidad de ideas políticas, indicando un bajo nivel de pluralismo. Pero simultáneamente, los puntajes de tolerancia se concentran a la derecha de la escala, indicando un nivel superior al del promedio esperado.[10] Cuando comparamos exguerrilleros con exparamilitares, encontramos que los primeros tienen un porcentaje mayor de respuestas pluralistas -19%- respecto a los segundos -8%-, aunque la diferencia no es estadísticamente muy significativa.[11] La diferencia en los niveles de tolerancia entre las facciones no es estadísticamente significativa.[12]

Los indicadores aquí analizados no agotan las posibilidades de medición del componente sustancial de la reintegración política, sino que representan un primer acercamiento que señala la forma en que puede ser abordado de manera sistemática en el futuro. Una pregunta clave es cómo se comparan los valores democráticos de los excombatientes respecto a los ciudadanos corrientes. Aunque no contamos con datos para hacer una comparación adecuada, resultaría plausible intentar una medición mediante el uso de encuestas. A continuación, presentamos los resultados de la medición del componente procedimental para el mismo grupo de excombatientes.

9. Reintegración política: componente procedimental[13]

Las visiones procedimentales de la democracia sugieren que la calidad de la participación ciudadana no radica en la defensa de valores particulares, sino en el seguimiento de altos estándares democráticos de comportamiento. La teoría de la democracia deliberativa ofrece el conjunto de criterios más coherente para medir la calidad del comportamiento político. Esta teoría asume que la discusión política en condiciones de participación libre e igual, respeto, intercambio de argumentos, búsqueda del bien común, y disposición a ceder ante los mejores argumentos, impregna de validez y legitimidad las decisiones y posiciones resultantes (Cohen 1989; Habermas 1996; Steiner 2012).

La aplicación del instrumento conocido como el Discourse Quality Index -DQI- a las transcripciones de las discusiones de los excombatientes nos permite medir qué tan lejos o cerca estuvieron aquéllos del ideal deliberativo.[14] EL DQI originalmente fue usado en el análisis de sesiones parlamentarias, con el fin de determinar la calidad democrática de los debates en Estados Unidos, Reino Unido, Suiza y Alemania (Steiner et al. 2004). Observadores externos al debate deben aplicar una serie de códigos a cada intervención o acto de habla producido por cada participante. En la versión expandida del DQI, para cada intervención los codificadores deben aplicar once códigos referidos a cinco componentes básicos de la deliberación: participación, respeto, argumentación, búsqueda del bien común y disposición a ceder ante el mejor argumento.[15] Además, se incluyen dos indicadores adicionales que no requieren codificación, referidos a si el participante decidió permanecer en silencio, y al tiempo de su intervención. Un sexto componente deliberativo, sinceridad, no se incluye, dada la dificultad de operar un indicador apropiado. En el anexo a este artículo, se presentan los once indicadores del sistema de codificación DQI y dos indicadores adicionales.

Una vez asignados códigos para todas las intervenciones, los investigadores proceden a agregarlos al nivel del individuo. En el caso de los indicadores de respeto, argumentación, búsqueda del bien común y fuerza del mejor argumento, los códigos finales corresponden a la intervención más idealmente deliberativa alcanzada por el participante. Tal criterio asume que en la vida real no toda intervención debe explícitamente contener lenguaje respetuoso, argumentación sofisticada, orientación al bien de los demás, o a principios abstractos, ni valoración de lo dicho por otros. De forma complementaria, en los indicadores de participación, respeto y orientación al bien propio, los códigos finales corresponden a la intervención menos deliberativa, reflejando así la incapacidad del participante de abstenerse de comportamientos no ideales. La tabla 3 muestra el resultado de la codificación aplicada.

Tabla 3.[16] (Ver PDF, pág 161)

Aunque el dato no se incluye en la tabla 3, sólo cuatro participantes se quejaron por interrupciones -2%-, lo cual sugeriría que las discusiones fluyeron sin mayores constreñimientos, pese a que una tercera parte de los participantes decidió permanecer en silencio.

¿Se comportaron los excombatientes de acuerdo con el ideal deliberativo de respeto mutuo? Sólo seis participantes usaron lenguaje irrespetuoso -3%-, por lo que el indicador sugeriría un comportamiento altamente deliberativo. Sin embargo, sólo seis participantes hicieron explícito uso de lenguaje respetuoso respecto a sus compañeros o sus argumentos. ¿Cómo explicar este resultado? Sin duda, los excombatientes fueron lo suficientemente cuidadosos de no referirse de forma individual a los demás o sus argumentos en una forma irrespetuosa o respetuosa. Esta situación describe una especie de interacción cauta, quizá generada por la falta de confianza, empatía, sensación de seguridad o reconocimiento mutuo. En este contexto, se explica la imposibilidad de codificar la reciprocidad entre los participantes, la cual hace parte de los indicadores originales del DQI. No podemos concluir si el comportamiento de los excombatientes fue muy deliberativo, o no, pero podemos reconocer su capacidad para restringir expresiones no deliberativas.

¿Qué tan sofisticados fueron sus argumentos? Es destacable que aproximadamente dos terceras partes de los excombatientes expresaron una opinión apoyada en ejemplos o formas de justificación razonada. Dado que no se les pidió elaborar argumentos sofisticados al compartir sus propuestas, podemos inferir con confianza que las justificaciones emergen de manera natural en contextos de discusión política como nuestras mesas de deliberación. Además, el 47% de los participantes apeló a argumentos racionales, lo que indica que el intercambio racional, aunque no es de uso mayoritario, está lejos de ser escaso.

Examinemos ahora si los participantes estaban motivados por la búsqueda del bien común. Los indicadores de la tabla 3 muestran una tendencia muy informativa sobre el contenido de sus justificaciones: resultan más infrecuentes las referencias al bien de otros grupos que al bien propio, y es incluso más infrecuente encontrar referencias al bien común o a principios abstractos. Desde una perspectiva deliberativa, debemos concluir que las tendencias egoístas de los excombatientes distan de la situación ideal.

Por último, queremos saber si los participantes estuvieron dispuestos a ceder ante el mejor argumento. Ningún excombatiente modificó su opinión durante las discusiones, aunque el 16% de ellos valoró explícitamente el valor de los argumentos de otros. En ningún caso estas referencias fueron más allá de unas pocas palabras. Vemos que el DQI no detectó ningún efecto de los argumentos escuchados en las posiciones de los participantes.

El resultado más importante del análisis multivariado es la pertinencia de las reglas de discusión. Entre quienes se pidió tratar de llegar a consensos en sus discusiones, se halló un número significativamente más alto de argumentos razonados, y un número menor de ejemplos y anécdotas, que entre quienes se pidió hacer una votación al final de las discusiones sobre las propuestas por ser incluidas en un documento. La distribución se presenta en la tabla 4.

Adicionalmente, el análisis multivariado de los datos recogidos ha identificado algunos factores asociados con un mejor desempeño deliberativo. Por ejemplo, una mayor edad, mayor nivel de educación y más años tras la desmovilización favorecen la probabilidad de que el excombatiente intervenga, en lugar de que permanezca en silencio. Respecto a factores psicológicos, una disposición dogmática, entendida de manera genérica como la obediencia ciega a la autoridad jerárquica de un colectivo, está asociada a menores referencias al bien de otros. Por el contrario, una disposición democrática y pluralista está asociada a una mayor probabilidad de usar argumentos y ejemplos para justificar una opinión. El estudio muestra además que los sesgos frente a grupos rivales no afectan los niveles de deliberación; es decir, comportarse de forma deliberativa no depende de si se discute con antagonistas. Y la ambivalencia en las respuestas, definida como no estar de acuerdo o en desacuerdo, o no poder elegir entre opciones diversas, está asociada a peores niveles de percepción sobre niveles de deliberación, lo cual indica, quizás, una relación entre el escepticismo y una baja apreciación del ejercicio de debate. Por último, la comparación de actitudes frente a la facción rival antes y después de las discusiones señala que no existe ninguna relación entre los elementos deliberativos y la ocurrencia de fenómenos negativos como la polarización (Ugarriza 2012).

La repetición de ejercicios de deliberación similares con ciudadanos corrientes permitirá en el futuro construir una línea de base para comparar el comportamiento de quienes se reintegran políticamente.

10. Implicaciones

La principal implicación de los resultados antes expuestos es la evidencia de que la deliberación es posible, incluso, entre quienes han estado acostumbrados al uso de la violencia como mecanismo de administración de sus diferencias. Se trata, sin embargo, de resultados obtenidos en condiciones específicas, en las cuales sería esperable reproducirlos. Aun sin presencia de un moderador, los excombatientes de grupos de guerrillas y paramilitares presentan de manera espontánea niveles de participación y argumentación cercanos al ideal deliberativo.

Por el contrario, su comportamiento respecto a su apelación más allá del interés propio, o en cuanto a reconocer valor en los argumentos de los demás, está lejos del ideal.

Pese al efecto observado de las reglas de discusión sobre el nivel de argumentación de los participantes, el análisis aquí presentado no aborda en profundidad preguntas que apuntan a explicar también cómo factores demográficos o psicológicos afectan su comportamiento. Las sugerencias incluidas en la sección anterior a este respecto sólo representan por ahora matices adicionales a lo que quizá deberíamos esperar de futuras mesas de deliberación entre excombatientes en proceso de reintegración. Además, cabe esperar que futuras investigaciones iluminen sobre los efectos de la participación política en este tipo de escenarios, en cuanto a actitudes y comportamientos posteriores de los individuos. Existen indicios de que la discusión política entre grupos con niveles importantes de hostilidad, actitudes negativas o diferencias ideológicas no conduce en el corto plazo a un acercamiento de posiciones, y en algunos casos puede producir una mayor polarización. Valdrá la pena, por ello, precisar la manera en que puede armonizarse la disputa política con la aceptación de las reglas democráticas en escenarios de postconflicto.

En el caso de la reintegración política, escenarios semiformalizados y sin interferencia de autoridades, cobijados por un mínimo de reglas de discusión e interacción provistas por un agente externo, ofrecen la oportunidad de generar experiencias políticas positivas entre excombatientes. Los esfuerzos colectivos de autocontrol de comportamientos indeseados -como en el caso del uso de lenguaje irrespetuoso- y de intercambio de argumentos respecto a problemas públicos tienen el potencial de generar cambios en el repertorio de respuestas de los excombatientes: es posible expresar y tramitar posiciones divergentes con la contraparte respecto a un problema político, de una manera democrática y deliberativa. Si bien no hay forma de garantizar que ésta sea la opción preferida en futuros encuentros, estas experiencias amplían la probabilidad de que sus respuestas sean distintas al uso de la fuerza y la negación del otro.

Este tipo de experiencias deliberativas entre facciones hostiles representa además una oportunidad para operar las ideas de reconciliación política y de profundización de la democracia. En el caso de la reconciliación política, por ejemplo, las mesas de deliberación son una oportunidad para promover comportamientos que implican un reconocimiento mínimo del otro como interlocutor en la discusión de problemas dentro de una comunidad política dividida. La aproximación política aligera las demandas de conceptos más amplios de reconciliación, y puede representar un escenario útil de acercamiento, antes de promover metas más ambiciosas como el cambio de actitudes entre grupos antagonistas. Simultáneamente, el involucramiento de ciudadanos corrientes en ejercicios de deliberación sobre estos temas, y la creación de mecanismos de comunicación entre estas mesas y partidos políticos y representantes de instituciones, constituyen en conjunto un horizonte de democratización y construcción de paz en los niveles individual y grupal.

Por último, los avances empíricos aquí presentados permiten retroalimentar y ampliar la manera en que se abordan los problemas políticos del postconflicto desde el punto de vista normativo. En particular, el éxito en el intento de poner a facciones rivales a discutir democráticamente sobre un futuro común muestra una manera práctica en la que se puede impulsar la construcción de paz desde espacios de postconflicto. La promoción y difusión de mesas deliberativas como espacios de opinión y confrontación democrática permitirán generar un aprendizaje social y científico sobre cómo promover una cultura política democrática más profunda y mejor preparada para manejar las secuelas del conflicto y la polarización.

Anexo. Índice de Calidad del Discurso (DQI) expandido

Participación (tipo)

1. El participante intervino en la discusión.

2. El participante permaneció en silencio.

Participación (tiempo)

Extensión de la intervención en segundos.

Participación (restricciones)

1. El participante indica verbalmente o por lenguaje corporal que está siendo restringido por el comportamiento de otros participantes

(interrupciones, conversaciones privadas, lenguaje corporal -como hacer caras, bostezos-, etcétera). 2. El participante puede hablar sin restricciones.

Participación (naturaleza)

1. Interrupción: el participante interrumpe a otro participante.

2. Acto regular de discurso: todos los demás discursos.

Respeto (lenguaje inapropiado)

1. El participante usa lenguaje inapropiado para atacar a otros participantes de una manera personal. Incluye también lenguaje levemente inapropiado, no sólo frases como "usted es un mentiroso", sino también frases como "usted parece un poco confundido".

2. El participante usa lenguaje inapropiado para atacar los argumentos de los otros participantes pero se abstiene de ataques personales. Aquí también se incluye lenguaje levemente inapropiado, no sólo frases como "este argumento es estúpido", sino también frases como "este argumento es un poco débil".

3. No hay uso de lenguaje inapropiado.

Respeto (lenguaje respetuoso)

1. El participante usa lenguaje respetuoso hacia otros participantes y/o sus argumentos. Incluye también lenguaje moderadamente moderado, no sólo frases como "su argumento es realmente brillante", sino también frases como "su argumento no está mal".

2. No hay uso de lenguaje respetuoso.

Respeto (escucha)

1. El participante ignora los argumentos y preguntas que le hacen otros participantes.

2. El participante no ignora los argumentos o preguntas de los otros participantes pero los distorsiona.

3. El participante no ignora los argumentos y preguntas de los otros participantes, y se refiere a ellos sin distorsión.

Nivel de justificación de argumentos

1. El participante no presenta opiniones o argumentos respecto a una propuesta de acción (meramente pregunta u ofrece información sobre el tema).

2. El participante sólo dice que X debería, o no, hacerse, que es una idea maravillosa o terrible, etc., pero no sustenta su posición.

3. El participante justifica sólo con ejemplos o ilustraciones por qué X debería hacerse, o no.

4. El participante da al menos una razón Y por la cual X debería hacerse, o no.

Contenido de justificación de argumentos (grupo propio)

1. Al justificar su posición, el participante se refiere a costos o beneficios para su propio grupo, sector, familia, etcétera.

2. El participante no se refiere a costos o beneficios para el grupo propio.

Contenido de justificación de argumentos (otros grupos)

1. Al justificar su posición, el participante se refiere a costos o beneficios para otros grupos, sectores, individuos, etcétera.

2. El participante no se refiere a costos y beneficios para otros grupos.

Contenido de justificación de argumentos (bien común)

1. Al justificar su posición, el participante se refiere a costos o beneficios para la sociedad, la comunidad, los sectores relevantes para la discusión, o una porción amplia de ellos.

2. El participante no se refiere a los costos y beneficios para todos.

Contenido de justificación de argumentos (principios abstractos)

1. Al justificar su posición, el participante se refiere a principios abstractos sin mencionar grupos (por ejemplo, "necesidad de justicia social", "necesidad de calidad de vida", "necesidad de paz").

2. El participante no se refiere a ningún principio abstracto.

Fuerza del mejor argumento

1. El participante indica un cambio de posición. Sugiere que la razón para cambiar son los argumentos oídos durante la discusión.

2. El participante indica un cambio de posición. No se refiere a argumentos oídos durante la discusión.

3. El participante no indica un cambio de posición, pero reconoce el valor de otras posiciones oídas durante la discusión.

4. El participante no indica un cambio de posición, y no reconoce el valor de otras posiciones oídas durante la discusión.

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104. Ugarriza, Juan E., Andrés Cotrina y Natalia Sequera. 2013. ¿Qué se negocia en los procesos de paz? Agendas y factores de éxito 1989-2012. Análisis Político 77: 153-174.

105. UN. 2006. The integrated disarmament, demobilization and reintegration standards (IDDRS). Nueva York: UN Inter-Agency Working Group on Disarmament, Demobilization and Reintegration.

106. Uribe, María Victoria. 1994. Ni canto de gloria ni canto fúnebre: el regreso del EPL a la vida civil (Coleccion Papeles de Paz). Bogotá: Cinep.

107. Van der Merwe, Hugo. 1999. The truth and reconciliation commission and community reconciliation: An analysis of competing strategies and conceptualizations. Fairfax: George Mason University.

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109. Wallensteen, Peter. 2010. Understanding conflict resolution: War, peace and the global system. Londres: Sage Publications.

110. Zeeuw, Jeroen De, ed. 2007. From soldiers to politicians: Transforming rebel movements after civil war. Boulder: Lynne Rienner.





[*] Este artículo recoge parte de la investigación doctoral del autor en la Universidad de Berna, Suiza.«« Volver

[**] Es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Berna (Suiza). Cursó una maestría de Historia, Paz y Resolución de Conflictos en la Universidad de Carolina del Norte. Sus áreas de interés académico son la profundización de la democracia en escenarios de conflicto y postconflicto. Sus trabajos han sido publicados en revistas como el Journal of Conflict Resolution, el International Journal of Conflict Management y el Journal of Public Deliberation. Actualmente es profesor de carrera en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Correo electrónico: juan.ugarriza@urosario.edu.co«« Volver

[1] Esto no quiere decir que en caso de victoria militar no puedan presentarse elementos de construcción de paz, tales como comisiones de verdad, reconstrucción, atención a víctimas, etcétera.«« Volver

[2] El riesgo más visible de fracaso de los procesos de reintegración es el regreso de los excombatientes a los mercados ilegales de violencia. Por ello, parte de la literatura sobre DDR se ha dedicado recientemente al análisis de cómo evitar que los excombatientes se conviertan en un problema de seguridad en las sociedades de postconflicto (Schafer 2007; Nussio 2011 y 2012; Muggah 2009; Suhrke y Berdal 2011; Alden, Thakur y Arnold 2011; Themnér 2011).«« Volver

[3] En Colombia, el programa de la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) sigue este mismo énfasis en la reintegración social y económica, con atención especial a la rehabilitación física y psicológica, y el trabajo con comunidades.«« Volver

[4] Una versión ampliada de los resultados de esta investigación se encuentra en Ugarriza (2012).«« Volver

[5] En Bogotá, a diferencia de los demás municipios del país, era posible contar con un número suficientemente alto de exguerrilleros y exparamilitares de forma simultánea, y provenientes de todas las regiones de Colombia.«« Volver

[6] No se produjo ningún episodio de violencia en las veintiocho sesiones aquí analizadas.«« Volver

[7] Los indicadores de contraste son edad, género, grupo armado, educación, clase social, tendencia política familiar, zona de nacimiento, zona de operación, año de desmovilización, acuerdo con grupo armado, partisanismo, pluralismo, tolerancia, actitud frente a grupos de izquierda, actitud frente a grupos de derecha, hostilidad frente a grupos de izquierda y hostilidad frente a grupos de derecha. Sólo se encontró una diferencia estadísticamente significativa: quienes participaron en las mesas presentaban una tendencia mayor al acuerdo con las ideas políticas de su exgrupo armado. En los cálculos del análisis, se usó la técnica de corrección de Heckman para eliminar esta fuente de sesgo.«« Volver

[8] Los participantes en las mesas de deliberación sólo asistirían a una sesión obligatoria de reintegración en el mes, en lugar de dos.«« Volver

[9] Nuestra muestra representa el 18% del total de 3.665 excombatientes en proceso de reintegración en Bogotá en el momento de la recolección de datos, en diciembre de 2008. Un 15% de participantes en la muestra son mujeres, comparado con el 16% de la población en Bogotá y en Colombia. Un 66% tienen entre 25 y 50 años, comparado con el 76% en Colombia y una cifra estimada similar en Bogotá. El 88% estaba inscrito en estudios de secundaria o primaria, comparado con el 89% en Colombia y 92% en Bogotá. Además, nuestra muestra se divide en 59% exguerrilleros y 41% exparamilita-res, comparada con 64% y 36%, respectivamente, en Bogotá.«« Volver

[10] La escala de medición va de 5 a 30, sin transformación a escala 1-10. El gráfico se presenta con simulación de la curva normal.«« Volver

[11] En el análisis no paramétrico, obtenemos chi cuadrado = 5,094, p = 0,078.«« Volver

[12] El análisis de varianza entre grupos arroja un F = 1,60 p = 0,207. El análisis t de diferencia de medias arroja idéntico resultado.«« Volver

[13] Aunque 385 participantes aceptaron sentarse en mesas, las discusiones de un grupo de 43 de ellos no pudieron ser audiograbadas, y, por tanto, no se cuenta con datos para su análisis procedimental. Se trata de un inconveniente aleatorio y técnico que no implica riesgos de sesgo.«« Volver

[14] El DQI es actualmente el estándar evaluativo más usado en el mundo para medir los niveles de deliberación, e incluye indicadores de participación, respeto, justificación, búsqueda del bien común y fuerza del mejor argumento. Ejemplos de su aplicación incluyen Steiner (2012) y Steiner et al. (2004), Caluwaerts (2011), Ugarriza (2012), Fernández (2012) y Roger y Schaal (2012).«« Volver

[15] Idealmente, los códigos asignados por los observadores a cada intervención se someten a tres tipos de tests de confiabilidad: la tasa de acuerdo entre codificadores, la correlación de rangos de Spearman (rs) y el alfa de Cronbach (a). Estos tests requieren que dos codificadores independientes asignen códigos a todas las intervenciones. En el análisis aquí presentado, los códigos fueron aplicados por el autor y la profesora asistente del proyecto, Liliana Mesías.«« Volver

[16] A excepción del primer indicador, los porcentajes corresponden a los 227 participantes que hablaron durante las discusiones. No se evalúa el nivel de deliberación de 115 excombatientes que decidieron permanecer en silencio.«« Volver

                   

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